Por Adolfo Castillo*
Cuantas veces nos hemos preguntado sobre el peso que puede tener nuestra opinión en la sociedad y terminamos respondiendo negativamente; decimos qué les importará mi parecer a los otros, son unos pocos los que deciden y jaman ni siquiera nos consultarán, o simplemente que el poder para decidir está en otra parte.
Estos sentimientos no son de una minoría, y expresan el punto de vista de la mayor parte de la población de Chile, lo que por cierto es grave. Se sabe hoy que sobre el 80 % de los jóvenes no están inscritos en los registros electorales, y que quienes deciden por los destinos del país no supera el 50 %, lo que por cierto no es una buena señal para un país que pretende mostrarse como el modelo para América Latina. Algo está pasando que exige actuar prontamente. Una sociedad que no se interesa por lo que ocurre con sus jóvenes, y que sólo los criminaliza como vagos o delincuentes; o que poco le importa la suerte de sus adultos mayores ni las dificultades que deben enfrentar día a día, para poder parar la olla o tener una atención de salud tras una vida de esfuerzo, desde luego que no está bien. Tampoco esta bien la política de terror que fomentan los medios de comunicación sobre la mal entendida y manida seguridad ciudadana, que finalmente hace que los vecinos terminen viviendo entre rejas dejando las calles y espacios comunes en manos de quienes sólo buscan sembrar el temor. Males tenemos en verdad muchos y ustedes lo saben muy bien.
Pero la cuestión es cómo caminamos hacia una vida más saludable, segura, digna y donde nuestros derechos sean respetados, sin importar la condición social o económica.
Uno de los caminos es ejercer el derecho ciudadano a la participación en la vida en sociedad. Y no se trata de un regalo de los poderosos, simplemente una conquista que se ha alcanzado con el esfuerzo de muchos que nos antecedieron y que soñaron con una sociedad justa, democrática y sin ciudadanos de segunda clase.
Hoy en múltiples rincones de Chile, en los barrios de muchas comunas, las personas y organizaciones comienzan a jugar una labor de primer orden en la tarea de acabar con los privilegios de unos pocos, de poner fin a la corrupción que se ha ido instalando en algunos municipios y esferas de gobierno, en denunciar los abusos que viven los mapuche, los niños agredidos, la depredación del medio ambiente, por defender los derechos de la mujer a la igualdad, entre otras tantas acciones.
Para lograr una Rosita Renard donde sus jóvenes tengan oportunidades laborales, sus adultos mayores una vida mas placentera, los niños oportunidades de desarrollo personal, una de las claves es la participación ciudadana. Nada caerá del cielo y sólo habrá nuevas promesas a cambio del voto, de quienes ya se han repetido el plato varias veces.
Sólo de nosotros depende alcanzar los cambios que anhelamos. La participación ciudadana no es sólo un derecho, es una conquista democrática que puede hacernos más libres y dignos.
Estos sentimientos no son de una minoría, y expresan el punto de vista de la mayor parte de la población de Chile, lo que por cierto es grave. Se sabe hoy que sobre el 80 % de los jóvenes no están inscritos en los registros electorales, y que quienes deciden por los destinos del país no supera el 50 %, lo que por cierto no es una buena señal para un país que pretende mostrarse como el modelo para América Latina. Algo está pasando que exige actuar prontamente. Una sociedad que no se interesa por lo que ocurre con sus jóvenes, y que sólo los criminaliza como vagos o delincuentes; o que poco le importa la suerte de sus adultos mayores ni las dificultades que deben enfrentar día a día, para poder parar la olla o tener una atención de salud tras una vida de esfuerzo, desde luego que no está bien. Tampoco esta bien la política de terror que fomentan los medios de comunicación sobre la mal entendida y manida seguridad ciudadana, que finalmente hace que los vecinos terminen viviendo entre rejas dejando las calles y espacios comunes en manos de quienes sólo buscan sembrar el temor. Males tenemos en verdad muchos y ustedes lo saben muy bien.
Pero la cuestión es cómo caminamos hacia una vida más saludable, segura, digna y donde nuestros derechos sean respetados, sin importar la condición social o económica.
Uno de los caminos es ejercer el derecho ciudadano a la participación en la vida en sociedad. Y no se trata de un regalo de los poderosos, simplemente una conquista que se ha alcanzado con el esfuerzo de muchos que nos antecedieron y que soñaron con una sociedad justa, democrática y sin ciudadanos de segunda clase.
Hoy en múltiples rincones de Chile, en los barrios de muchas comunas, las personas y organizaciones comienzan a jugar una labor de primer orden en la tarea de acabar con los privilegios de unos pocos, de poner fin a la corrupción que se ha ido instalando en algunos municipios y esferas de gobierno, en denunciar los abusos que viven los mapuche, los niños agredidos, la depredación del medio ambiente, por defender los derechos de la mujer a la igualdad, entre otras tantas acciones.
Para lograr una Rosita Renard donde sus jóvenes tengan oportunidades laborales, sus adultos mayores una vida mas placentera, los niños oportunidades de desarrollo personal, una de las claves es la participación ciudadana. Nada caerá del cielo y sólo habrá nuevas promesas a cambio del voto, de quienes ya se han repetido el plato varias veces.
Sólo de nosotros depende alcanzar los cambios que anhelamos. La participación ciudadana no es sólo un derecho, es una conquista democrática que puede hacernos más libres y dignos.
* Historiador, Director Ejecutivo Corporación Libertades Ciudadanas.
1 comentario:
De un tiempo a esta parte han surgido cada día con más fuerza, expresiones de la ciudadanía en prácticamente todas las comunas del Gran Santiago, así como también en las principales ciudades de nuestro país. Lo anterior no es fruto de la casualidad ni mucho menos.
Por una parte, la Constitución Política y la legislación vigente se distinguen por la absoluta inexistencia de mecanismos e instituciones que permitan una Participación Ciudadana real y efectiva. Por la otra, los partidos políticos no son capaces de recoger e interpretar las inquietudes de ciudadanas y ciudadanos.
Ante esta coyuntura y como única alternativa para enfrentar las políticas locales y nacionales vigentes elaboradas a nuestras espaldas, hoy en Chile surgen las organizaciones ciudadanas conformadas por quienes sentimos la necesidad de ejercer nuestros derechos humanos en todos los ámbitos de nuestra existencia
Es por ello que nos organizamos para defender nuestra calidad de vida y el futuro de nuestras familias, seriamente afectadas por los intereses de la Industria Inmobiliaria y las Despolíticas Ambientales, de Vivienda y de Obras Públicas vigentes, las cuales tienen una expresión muy concreta tanto a nivel nacional, así como también en todas las regiones y comunas del país.
Pareciera ser que esta alianza, entre estos dos ejes, hasta hoy indestructible, se ha convertido en la Política Oficial de Empleo de los gobiernos de la Concertación que en complicidad con el sector privado productivo, nos imponen a sangre y fuego su modelo de crecimiento económico entregado a las “fuerzas del mercado”.
No debe sorprendernos entonces la permisividad de la legislación ambiental vigente, ni tampoco los planes reguladores metropolitanos, ni menos las políticas invasivas del Mop en nuestras ciudades, comunas y barrios.
En nuestra capital en particular, las políticas de expansión urbana en las tierras agrícolas y la densificación exacerbada en sectores de moda, la inacción de la Comisión Regional del Medio Ambiente y la segregación de nuestra ciudad generada por la construcción de Autopistas Urbanas impulsada por el Mop, están llevando a esta cuenca u hoya hidrográfica a una situación insostenible que hará colapsar a nuestra ciudad en el corto plazo, como de hecho ya está ocurriendo en numerosas comunas de la misma.
En concomitancia con lo anterior, los Planes Reguladores Comunales solo promueven el desarrollo de la Industria Inmobiliaria sin importarles el negativo impacto que genera sobre la calidad de vida de sus habitantes, el aumento de la contaminación ambiental, acústica y vial.
A lo anterior, se suma la absoluta falta de fiscalización de los organismos que supuestamente debieran ejercerla. Más bien, lo que observamos es como dichos organismos públicos, en la práctica se convierten en cómplices de las múltiples ilegalidades que en materias de la legislación existente, cometen las empresas del sector.
Somos las ciudadanas y los ciudadanos organizados, los llamados a ejercer los espacios de poder que legítimamente nos estamos ganando, con el fin de garantizar nuestro derecho inalienable a una calidad de vida acorde al artículo 25 Nº 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.
Artículo 25 Nº 1.: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad
Moisés Scherman
Red Ciudadana por Ñuñoa
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